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Durante la última dictadura civil-militar, la deuda externa total de Argentina, pública y privada, pasó de 8,085 millones de dólares en 1975 a 45,903 millones de dólares en 1983. Esto representó un aumento del 18.9% al 60% del PIB. En ese mismo período, la deuda externa pública creció seis veces: pasó de 5,000 millones a 32,000 millones de dólares. De esta última cifra, 23,000 millones de dólares correspondieron a la nacionalización de la deuda externa privada que benefició a más de 70 grandes empresas.
Posteriormente, en octubre de 1983, el FMI suspendió el crédito stand-by con Argentina. El entonces presidente Raúl Alfonsín asumió el cargo con esa pesada carga financiera. Tras obtener cierto refinanciamiento, en 1988 ya no pudo seguir pagando ni siquiera los intereses y cayó en incumplimiento de pagos, situación que persistió hasta que se vio obligado a adelantar la transferencia de poder al nuevo presidente en julio de 1989.
El gobierno de Carlos Menem implementó el Plan Brady, por el cual la deuda con los bancos se convirtió en deuda en valores públicos que se atomizaron en el mercado internacional. Estos bonos, junto con otros emitidos posteriormente, serían el caldo de cultivo de lo que más tarde se conocería como “fondos buitre”. Se inició un gran ciclo de endeudamiento y la deuda externa alcanzó aproximadamente los 85,000 millones de dólares.
La administración de la Alianza continuó con la misma política económica, con ajustes recurrentes tanto en el Estado Nacional como en las provincias. Se implementaron iniciativas como el “blindaje” (fondos disponibles por 40,000 millones de dólares) y el “megacanje” (que convirtió bonos y letras de deuda pública por 50,044 millones de dólares en préstamos bancarios). Estas medidas no solo no brindaron estabilidad, sino que también incrementaron el mecanismo de crecimiento de la deuda y la fuga de capitales. La deuda externa llegó a los 88,000 millones de dólares.
Todo cambió con el gobierno de Néstor Kirchner. En su mandato se implementó una política de reducción de la deuda que incluyó un canje en 2005 con el sector privado, con quitas del 66.3% del valor nominal, siendo aceptado por el 76.15% del monto elegible. Esto ocurrió de manera paralela al pago anticipado al FMI anunciado en diciembre de 2005, por alrededor de 10 mil millones de dólares.
El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner reabrió el canje en 2010, logrando aceptación por el 92.4% del monto impago de 2001, y regularizó la deuda con el Club de París en 2014. Lo único que quedó pendiente fue el conflicto con los fondos buitre.
Desde una perspectiva estructural o a mediano plazo, un dato a considerar es que a finales de 2015, la deuda pública total (en dólares y pesos) alcanzó el 53% del PIB, una cifra que saltó al 90% en diciembre de 2019. En años recientes, la deuda ha disminuido al 86% del PIB en marzo de 2023, marcando un quiebre en la tendencia que apunta hacia la sostenibilidad.
En cuanto a la proporción de deuda en dólares, durante este gobierno alcanzó el 66.9% del total en marzo pasado, por debajo del 77.8% al cierre de 2019. Esta es una cifra importante, ya que la deuda en pesos es preferible debido a que es más manejable y está sujeta a menos riesgos. Es un enfoque que no se consideró en otras épocas y que contribuyó a agravar el problema de las restricciones externas.
Durante el gobierno de Mauricio Macri, se inició un nuevo ciclo de endeudamiento que culminó con la obtención de un crédito del FMI. El programa de 2018 no cumplió con sus objetivos declarados, por el contrario, empeoró significativamente la situación económica y social. Según el informe de evaluación ex post realizado por la auditoría del FMI, textualmente: “el programa no logró sus objetivos, a pesar de correcciones significativas en las políticas económicas. Los crecientes pagos netos de la deuda privada, sumados a la fuga de capitales residentes, ejercieron una considerable presión sobre el tipo de cambio. A pesar de las intervenciones en el mercado de divisas que superaron lo previsto en el programa, el tipo de cambio continuó depreciándose, lo que impulsó la inflación y el valor de la deuda pública en pesos, debilitando los ingresos reales”.
Durante la gestión del Frente de Todos, se acordó un nuevo préstamo con el Fondo para reemplazar el stand-by vigente desde 2018. Aunque la deuda no se resolvió, se creó un período durante el cual, entre otras cosas, no es necesario realizar pagos de capital hasta la segunda mitad de 2026.
Recientemente se cerró una nueva revisión del acuerdo con el FMI. En este contexto, el Ministro de Economía, Sergio Massa, ha declarado: “Queremos pagarle al Fondo y que se vayan de Argentina. Queremos ser un país soberano, queremos decidir nuestro propio proyecto de desarrollo y no dejar que otros nos digan cómo desarrollarnos como argentinos”.
En esta historia resumida de la deuda, una constante se hace presente: mientras que los gobiernos neoliberales endeudaron fuertemente a Argentina, son los gobiernos “populistas”, supuestamente derrochadores y desordenados, los que logran reducir la deuda.
En otro orden de cosas, el próximo miércoles 16 de agosto se conmemorará el Día del Empresario Nacional, establecido por la Ley 27,108 aprobada por el Parlamento en 2014, cuyo proyecto tuve el orgullo de presentar.
Es un homenaje al empresario y empresaria nacionales y un reconocimiento a la Confederación General Económica (CGE) que fue fundada el 16 de agosto de 1953 y fue dirigida y presidida por José Ber Gelbard. Esa CGE
fue portavoz de gran parte de la comunidad empresarial del país.
En los fundamentos de la Ley se destaca que la CGE “siempre buscó controlar la extranjerización de la economía argentina y desarrollar aún más el mercado nacional de producción y consumo; y promovió ideas básicas: un país productivo, un próspero mercado interno, una compra nacional de productos y el desarrollo de industrias estratégicas, entre otras”. Ideas que siguen siendo válidas a pesar del paso del tiempo.
Hoy en día, la comunidad empresarial nacional, compuesta en su mayoría por micro, pequeñas y medianas empresas, está representada por varias organizaciones que expresan la lucha de un sector conformado por alrededor de 1,500,000 industriales, comerciantes, proveedores de servicios y productores agrícolas, entre otros. Contribuyen aproximadamente al 45% del PIB y constituyen la principal fuente de empleo, generando alrededor del 70% del empleo total.
Un saludo y un gran reconocimiento al trabajo de los empresarios y empresarias nacionales en vísperas de su día.
* Diputado nacional por el Frente de Todos y Presidente del Partido Solidaridad
